La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda afirmó que la nueva Ley General de Aguas Nacionales garantiza que el agua continúe siendo un bien del pueblo y de la Nación, al reforzar su carácter de derecho humano y establecer mecanismos para frenar el acaparamiento, la especulación y la explotación irregular del recurso.
Durante su conferencia semanal, la mandataria expresó el respaldo de Baja California a la presidenta Claudia Sheinbaum en la promoción de este nuevo marco jurídico.
“Apoyamos plenamente esta Ley, que parte del principio de que el agua es un derecho humano y evita que unos pocos concentren un recurso indispensable para la vida”, señaló.
La Ley aclara dudas y evita interpretaciones erróneas
Marina del Pilar explicó que la construcción de la reforma hídrica se desarrolló a través de mesas de diálogo con sociedad, sectores productivos, distritos de riego y autoridades, lo que permitió atender inquietudes y aclarar interpretaciones imprecisas.
Precisó que la Ley no prohíbe heredar propiedades con concesiones, no impide la venta de tierras con títulos vigentes, no contempla revocaciones automáticas, no criminaliza a pequeños productores y no limita el traslado de agua para actividades agropecuarias.
Además, reconoce los derechos históricos de los pueblos indígenas y sistemas comunitarios tradicionales.
“Es falso que esta reforma implique expropiaciones disfrazadas o la entrega del recurso a grandes empresas o a Estados Unidos. Su propósito es revertir la mercantilización del agua derivada de la ley de 1992 y detener abusos como la sobreexplotación y el mercado negro”, enfatizó.
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Beneficios para zonas agrícolas y comunidades sin abasto
La gobernadora reiteró que los sectores productivos tendrán diálogo abierto y permanente con los gobiernos federal y estatal para resolver dudas y fortalecer la transición al nuevo modelo, especialmente en regiones agrícolas de Ensenada, Maneadero y San Quintín.
El titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Daniel Amador Barragán, detalló que la Ley promueve esquemas de captación de agua pluvial para uso doméstico y sistemas de abasto comunitario en zonas sin servicios hídricos o drenaje.
También incorpora la figura de actividad agropecuaria familiar, que facilita el acceso al agua para fines agrícolas y pecuarios de autoconsumo. Asimismo, fortalece los procedimientos para sancionar el robo de agua, con multas de hasta 30 mil UMAS.
