• Se contemplan de 3 a 8 años de prisión, multas y reparación del daño
Con el objetivo de reforzar la seguridad en Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda firmó una iniciativa de reforma al Código Penal que busca castigar con mayor severidad la instalación y manipulación de cámaras con fines delictivos. La propuesta fue enviada al Congreso del Estado para su análisis y discusión.
La mandataria informó que durante su administración se han retirado más de mil 600 cámaras parásitas utilizadas con fines ilícitos, la mayoría de ellas en lo que va de este año. “Con esta reforma estamos dando un paso firme para proteger la tranquilidad de las familias bajacalifornianas, cerrando espacios a la delincuencia y reforzando la confianza en nuestras instituciones”, subrayó.
La propuesta prevé penas de tres a ocho años de prisión, además de multas de 200 a 400 UMAs y la reparación del daño, para quienes manipulen equipos oficiales o instalen sistemas ilegales en la vía pública. Asimismo, establece sanciones más severas si estas conductas se realizan con apoyo de servidores públicos, con equipos de comunicación especializados o involucrando a niñas, niños o adolescentes.
El consejero jurídico Juan José Pon Méndez explicó que la iniciativa reforma el artículo 317 TER del Código Penal, con el propósito de sancionar a quienes obtengan información de instituciones de seguridad o procuración de justicia y la compartan con terceros para cometer, planear o encubrir delitos.
Por último, se aclaró que no se sancionará a quienes instalen cámaras en sus hogares, ni se verán afectados periodistas, investigadores o ciudadanos que ejerzan su derecho a la información y a la participación social.
