La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentó el balance de las audiencias públicas realizadas como parte del proceso de construcción de la iniciativa de reforma constitucional en materia electoral impulsada por el Gobierno de México.
De acuerdo con la información oficial, los ejercicios de consulta se realizaron en 31 entidades federativas, en la Ciudad de México y en Estados Unidos, además de una audiencia específica para población migrante en la capital del país. En total, se llevaron a cabo 63 audiencias públicas: 31 en las entidades federativas, 24 en la Ciudad de México, siete en Estados Unidos y una audiencia migrante en la CDMX, con el objetivo de ampliar la participación territorial y recabar propuestas tanto de residentes en el país como de comunidades mexicanas en el extranjero.
En cuanto a la participación, el balance reporta 1 mil 357 propuestas recibidas. De estas, 281 correspondieron a ponentes en la Ciudad de México, 573 a participantes en las entidades federativas, 100 a participantes en Estados Unidos, 10 a la audiencia migrante realizada en la capital del país y 393 propuestas enviadas a través del micrositio habilitado para la consulta pública.
El proceso incluyó la participación de especialistas en materia electoral. Se registraron 181 intervenciones de consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), consejeros de Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs), magistrados electorales y fiscales electorales, con una mayor concentración de participaciones en las entidades federativas.
La Comisión Presidencial para la Reforma Electoral está integrada por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación; José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital; Esthela Damián, consejera jurídica del Ejecutivo; Lázaro Cárdenas Batel, de la Oficina de la Presidencia; Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores; Arturo Zaldívar, coordinador General de Política y Gobierno, así como Ernestina Godoy, exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal. Este grupo fue el encargado de organizar las audiencias públicas y sistematizar las propuestas recabadas.
El documento presentado no detalla el contenido específico de las propuestas ciudadanas ni los criterios utilizados para definir cuáles se incorporaron a la iniciativa final de reforma electoral. Tampoco se precisan mecanismos de retroalimentación hacia las personas participantes ni el seguimiento a los planteamientos que no fueron incluidos.
El balance busca respaldar el carácter participativo del proceso de construcción de la reforma electoral, al documentar el alcance territorial de las audiencias y el volumen de propuestas recibidas. El impacto de estas aportaciones en el contenido final de la iniciativa será un elemento central en el debate legislativo que se desarrollará en el Congreso de la Unión.
