El Gobierno de Baja California entregó al Congreso del Estado el Cuarto Informe sobre la aplicación de recursos derivados de financiamientos sostenibles y con perspectiva de género, informó la administración estatal.
El documento fue presentado por la Secretaría de Hacienda ante las Comisiones Unidas de Fiscalización del Gasto Público y de Hacienda y Presupuesto de la XXV Legislatura, en cumplimiento de acuerdos parlamentarios aprobados en junio.
La gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda señaló que los recursos se destinan a infraestructura hídrica y proyectos con enfoque de género.
“Estos financiamientos no son solo cifras en un balance, son obras hídricas urgentes para asegurar el agua de nuestras familias y proyectos productivos que empoderan a las mujeres bajacalifornianas”, declaró.
De acuerdo con el gobierno estatal, los recursos autorizados mediante los decretos 192 y 221 se orientan a inversión pública productiva. En infraestructura hídrica, el informe reporta recursos del primer Bono Verde por 3 mil millones de pesos y del segundo Bono Verde por 2 mil 960 millones de pesos.
La administración estatal indicó que estas inversiones están destinadas a asegurar el abastecimiento de agua, así como a modernizar y rehabilitar redes hidráulicas para atender el estrés hídrico en la entidad.
En materia de igualdad de género, el informe detalla el ejercicio de 500 millones de pesos del Bono de Género, enfocado en proyectos de inclusión, equidad, empoderamiento de mujeres y niñas, así como acciones para erradicar la violencia de género.
El secretario de Hacienda, José Andrés Pulido Saavedra, señaló que la estructura financiera de los bonos contempla tasas competitivas y etiquetado de recursos para los proyectos aprobados.
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“La combinación de los Bonos Verdes I y II con el Bono de Género representa una estructura financiera responsable, con tasas competitivas y un estricto etiquetado de recursos que garantiza que cada peso se destine con precisión a los proyectos aprobados”, externó.
La Secretaría de Hacienda informó que estos financiamientos operan bajo un esquema de gobernanza vigilado por Comités Técnicos de Inversión independientes.
