El Gobierno de Baja California informó que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda instruyó a la Oficialía Mayor a revisar las relaciones contractuales de la administración estatal con personas o empresas mencionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y a remitir los expedientes correspondientes a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
De acuerdo con el posicionamiento difundido este 1 de octubre, la revisión busca determinar si existieron irregularidades o riesgos derivados de contrataciones celebradas antes de que se conocieran los señalamientos de la autoridad estadounidense.
Un oficio de la Oficialía Mayor fechado el 29 de septiembre de 2026 señala que, tras una búsqueda en archivos físicos y digitales, fueron localizadas diversas contrataciones formalizadas con algunas de las personas mencionadas en el listado de la OFAC.
El documento sostiene que esas contrataciones se realizaron conforme a la normatividad aplicable y que, al momento de formalizarlas, los prestadores de servicios no aparecían como inhabilitados o sancionados en los registros consultados, además de encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales.
“En ese momento no existía inhabilitación, sanción previa ni impedimento legal alguno para celebrar dichos actos. Hoy existe información nueva y, a partir de ella, actuamos en consecuencia: revisando a fondo, descartando cualquier riesgo y dando vista a los órganos de control”, señaló Ávila Olmeda, de acuerdo con el comunicado estatal.
La gobernadora también ordenó que cualquier persona física o moral señalada por autoridades nacionales o extranjeras por presuntas actividades ilícitas quede impedida de participar como proveedora del Gobierno del Estado mientras no aclare su situación jurídica ante las instancias correspondientes.
En materia de seguridad pública, la administración estatal indicó que los contratos revisados estuvieron relacionados con equipamiento, suministros e infraestructura técnica. El Gobierno de Baja California sostuvo que la custodia y administración de sistemas y bases de datos institucionales permanece exclusivamente en manos del personal autorizado de las corporaciones estatales.
La administración precisó además que organismos con autonomía constitucional, como la Fiscalía General del Estado, cuentan con sus propios procedimientos de contratación, administración y resguardo documental.
“Si de esta revisión surge alguna irregularidad, deberá procederse conforme a la ley. No vamos a encubrir a nadie ni a prejuzgar: vamos a esclarecer los hechos con documentos y con absoluta disposición frente a las autoridades competentes”, afirmó la gobernadora.
La revisión ocurre después de que el Gobierno estatal informara previamente que Marina del Pilar Ávila Olmeda no figura entre las personas sancionadas por la OFAC y anunciara la revisión de posibles contratos con personas o empresas señaladas por esa oficina estadounidense.
